Auttacor opina que la sentencia que favorece a los VTC no entra “en el fondo del problema”

Auttacor confía que el Ayuntamiento “regule mejor la movilidad en Córdoba imponiendo restricciones expresas a un uso intensivo del dominio público por empresas que no son servicios públicos de interés general, ni transporte urbano regulado por la administración”

La Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba (Auttacor) ha opinado este martes que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Córdoba, que avala que los VTC puedan transitar por las zonas de tráfico restringido (Acire) de la ciudad, es “muy somera” y no entra “en el fondo del problema”.

Según ha informado Auttacor en un comunicado, en la sentencia “el juez considera discriminatoria” la prohibición para circular por zonas Acire que impuso el Ayuntamiento de Córdoba a los VTC. Además considera que no se puede restringir el paso de los VTC por las zonas Acire, fundamentalmente situadas en el casco histórico, porque es una decisión que se sustenta en un acuerdo de 2014 que permitía el acceso a zonas restringidas, tanto a los taxistas, como a los coches de caballos.

Por su parte, el presidente de Auttacor, Miguel Ruano, cree que la sentencia es “muy somera” y que no entra “en el fondo del problema”, quedándose la misma “en una discriminación a los VTC, que con todos los respetos al juzgado, entendemos que no existe en absoluto y que, en el remoto caso de existir, se viene dando en Córdoba desde 2014, sin que los VTC tradicionales se hubieran quejado nunca, por lo que es obvio que daban por buena la regulación municipal”.

Asimismo, Ruano confía en que el Ayuntamiento de la ciudad recurra dicha sentencia y, mientras tanto, le insta a que “regule mejor la movilidad en Córdoba imponiendo restricciones expresas a un uso intensivo del dominio público por empresas que no son servicios públicos de interés general, ni transporte urbano regulado por la administración”.

Por último, el presidente de Auttacor entiende que el juzgado “no ha ponderado que, además de los derechos de los usuarios, están también los derechos de los cordobeses sobre su casco histórico, declarado desde 1994 Patrimonio de la Humanidad y que el Ayuntamiento de Córdoba tiene la obligación de preservar, evitando un uso intensivo de transporte”.