El Ayuntamiento de Córdoba aprueba un plan consensuado para el casco histórico

Los concejales de Podemos han acudido al pleno del Ayuntamiento de Córdoba para ilustrar en señal de rechazo las condiciones de insalubridad en las que aseguran trabajar y piden otra ubicación

Los concejales de Podemos han acudido al pleno del Ayuntamiento de Córdoba para ilustrar en señal de rechazo las condiciones de insalubridad en las que aseguran trabajar y piden otra ubicación

 

Elaborar un plan con políticas que afecten al casco histórico bajo un acuerdo entre vecinos, movimiento ciudadano y colectivos de este punto de Córdoba capital. En ello han coincidido los seis grupos políticos con representación en el pleno del Ayuntamiento.

La moción pide acciones para evitar la degradación y la pérdida de vecinos. Protección de zonas saturadas de usos turísticos y el desarrollo del registro de solares. De ahí la satisfacción de los portavoces aunque con matices.

Una sesión plenaria en la que además, se han aprobado por unanimidad propuestas para pedir al resto de administraciones públicas apoyo a los autónomos. La ha llevado el Partido Popular, al igual que se ha dado luz verde con urgencia a gastar 1,6 millones para dotar de nuevos vehículos a empresas públicas como Sadeco y Aucorsa, así como a la Policía Local.

Otros asuntos del Pleno ordinario

Aunque sin duda la imagen más curiosa que ha dejado la sesión la han protagonizado Cristina Pedrajas y Juan Alcántara. Los dos concejales de Podemos han acudido al pleno con un caso de obra para visibilizar, denuncian, las condiciones en las que trabajan. No cuentan con ventana al exterior, ni ventilación ni luz natural, e incluso parte del falso techo ya se ha caído. Por ello piden que les ubiquen en otro lugar con mejores condiciones de salubridad.

Por lo demás, Vox ha sumado sus votos a los de los partidos de izquierdas para exigir medidas a la Junta y al gobierno municipal para garantizar un curso escolar seguro. Así como que el Ayuntamiento de Córdoba se personará en la causa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra las ordenanzas fiscales del 2020.