El Colegio de Abogados de Córdoba también contra el RDL 16/2020

Primero fue el Colegio de Procuradores. Ahora se suma el Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Córdoba en su oposición al RDL 16/2020 en el ámbito de la Administración de Justicia en este contexto de covid-19

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Córdoba decidió en la reunión celebrada ayer en su sede mostrar su oposición y rechazo al contenido del Real Decreto Ley 16/2020. Esta norma recoge medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Y es que el ICA entiende que no ha acogido las medidas fundamentales propuestas por la
Abogacía a través de su Consejo General  y en su mayoría resultan “claramente ineficaces”. Y lo son de cara a prepararla ante la progresiva reactivación del funcionamiento de Juzgados y Tribunales, así como por resultar gravemente perjudicial para la salvaguarda del derecho de defensa de los justiciables.

Solicitudes

En consecuencia, solicita al Gobierno de España su inmediata derogación y la adopción de medidas legales y organizativas realistas, consensuadas con todos los profesionales intervinientes en la Administración de Justicia. En caso contrario – señalan –  prevén adoptar las medidas que se consideren necesarias. Sin descartar incluso aquellas que llevaran aparejadas la paralización de la actividad profesional, garantizándose siempre los derechos de los justiciables que resulten inaplazables.

Asimismo, la Junta de Gobierno de esta institución ha aprobado solicitar al Ministerio de Justicia que establezca con carácter inmediato un calendario para la reanudación progresiva de la actividad judicial, con la incorporación de todos los funcionarios necesarios.

Período vacacional

Con respecto a la habilitación de los días 11 a 31 del mes de agosto de 2020, dispuesta en el artículo 1 del RDL, solicitar al Ministerio de Justicia que en cualquier caso el mes de agosto se mantenga como inhábil. Salvaguardando siempre las excepciones legales previas existentes y concentrando en ese mes las vacaciones de todos los funcionarios de la Administración de Justicia.

Esta medida en tanto que salvaguarda las vacaciones de Jueces, Magistrados, miembros del Ministerio Fiscal, Letrados de la Administración de Justicia y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, irrefutablemente las niega a todos los
abogados y abogadas, vulnerando su derecho constitucional al descanso y a la conciliación familiar.

La Junta de Gobierno considera que esta última medida resulta claramente contraproducente. Entienden que lejos de contribuir a solucionar el atraso acumulado en la tramitación de los procedimientos, impedirá el pleno rendimiento del sistema judicial durante varios meses consecutivos, contribuyendo en consecuencia a agravar la situación actual.

Medidas de protección

Finalmente, el Colegio de Abogados insta a las administraciones competentes que antes del reinicio progresivo de la actividad judicial se adopten las medidas necesarias de protección higiénico sanitarias. Y, consecuentemente, con los medios materiales de protección (mascarilla, guantes y gel desinfectante) a todas las personas que hagan uso de las sedes judiciales.