Unos 8.700 inmuebles se beneficiarán en Córdoba del nuevo decreto sobre viviendas irregulares

El PP destaca que se “humaniza el urbanismo” con este nuevo decreto de la Junta de Andalucía sobre viviendas irregulares. Las parcelaciones ocupan en torno a 1.802 hectáreas en Córdoba capital

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y el viceportavoz del mismo grupo político, Salvador Fuentes, han desgranado este jueves que el decreto aprobado por el Gobierno andaluz compuesto por PP y Ciudadanos sobre las viviendas irregulares “humaniza el urbanismo”. Según las primeras estimaciones, podría afectar en Córdoba a unos 8.700 inmuebles de la capital.

Las parcelaciones a las que afecta el decreto en Córdoba ocupan en torno a 1.802 hectáreas. De ellas, 376 están en suelo urbano y 1.426 en suelo urbanizable. Precisando que hay 8.700 viviendas afectadas, 1.900 estarían en tramo urbano y 6.800 en suelo urbanizable. Mientras que en suelo urbano serían ocho parcelaciones y 36 en suelo urbanizable siempre y cuando cumplan los requisitos, comentó Fuentes.

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo subrayó que “este decreto es un avance considerable”. Y es que “pretende proteger el medio ambiente, simplificar procesos, normalizar y equilibrar todo el mapa urbanístico“. Así también, se quedan fuera los casos afectados por temas de índole cultural, medioambiental e inundable. Aunque el edil popular avanzó que “ya se verán tratamientos puntuales” en algunos casos.

Un nuevo departamento en Urbanismo

Además, Fuentes ha avanzado que pondrán en marcha un departamento específico para facilitar toda la tramitación de los afectados y dar solución a “miles de familias”. Al tiempo, agregó que “en ningún caso va a tardar más de dos años” la regularización, teniendo en cuenta la situación que atraviesa la Gerencia en materia de personal. Por otro lado, el responsable de la GMU ha informado que las ordenanzas fiscales para 2020 contemplan una bajada pensando en los Asimilados Fuera de Ordenación (AFO). En este caso, había ambigüedades que vendrán acompañadas de una reducción en el precio a pagar para “normalizar las situaciones”.

Torrico y Fuentes
Miguel Ángel Torrico y Salvador Fuentes (PP) | Foto: PABLO MANSILLA

Por su parte, Miguel Ángel Torrico expuso que “se actúa para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salubridad y en beneficio de la calidad ambiental. A ello añadió que la nueva regulación “se basa en la simplificación de procesos” sobre las viviendas en las que “la administración no podía actuar de otro modo porque había transcurrido el plazo legal para iniciar actuaciones.