Desestimada la petición de Podemos para que la UCO investigue a Fundación Guadalquivir

El juzgado número 8 de Córdoba toma esta determinación en el caso de las ‘mordidas’ de la Fundación Guadalquivir. Podemos ejerce como acusación popular

Podemos Fundación Guadalquivir
Representantes de Podemos Córdoba

El Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ha desestimado la solicitud de Podemos de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indague en la contabilidad de la Fundación Guadalquivir Futuro, la Asociación Jóvenes hacia el Futuro y la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir, en el marco del llamado caso de las ‘mordidas’, en el que la formación morada ejerce como acusación popular.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso de Fundación Guadalquivir recurrido por Podemos. Éstas han precisado que el juzgado ha rechazado que se abran nuevas diligencias de investigación. La idea es que con la implicación de la UCO -tal y como pretendía Podemos- se revise la contabilidad. Además de todos los expedientes de ayudas y subvenciones públicas recibidas por dichas entidades.

El juzgado, que ya dictó auto de procedimiento abreviado por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores y dos de fraude de subvenciones (de la Junta de Andalucía), de los que se acusa a los principales representantes de las entidades mencionadas, Ángeles Muñoz, su hijo Cristian Menacho, y José Antonio González, ha descartado ampliar la investigación. De esta forma, se acoge según ‘ABC Córdoba’, a la solicitud de la Fiscalía. Ésta considera que no es conveniente seguir con ella.

La actuación de Podemos

Podemos, representada por el abogado Manuel Delgado, argumentó en su solicitud al juzgado que ha investigado el presunto uso indebido de subvenciones públicas por dichos colectivos. Ese documento recoge que “conviene al interés de la investigación, por entender que se derivará más clara responsabilidad de los investigados”, que por parte de la UCO de la Guardia Civil “se realicen cuantas diligencias de investigación conduzcan a clarificar” la “ausencia absoluta de contabilidad, parcial, deficiente e incompleta, tanto de ingresos, como de gastos, desconocidos en el informe pericial”.

Podemos se refirió así a cómo el propio juzgado ordenó que se ampliase el informe pericial emitido el pasado febrero. Éste iba sobre el uso dado a las ayudas recibidas por las tres entidades entre 2014 y 2016. En ellas detectó “falta de control” y “dejadez”. Asimismo, la acusación popular entiende que la ampliación del informe emitida requería que se indagará aún en la contabilidad por la UCO de la Guardia Civil.

Ahora, al haber sido rechazada su solicitud de nuevas diligencias de investigación, Podemos deberá formular su escrito de acusación. Éste se sumará al de la Fiscalía y al de la acusación particular, que ejercen algunos ex trabajadores de las mencionadas entidades. Otros eran desempleados que fueron contratados con subvenciones finalistas de la Junta. Y supuestamente fueron obligados a entregar parte de sus nóminas a dichos colectivos.

Nueve años de cárcel

A la espera de la Junta de Andalucía, la Fiscalía ha pedido penas de nueve años y siete meses de prisión para cada uno de los tres procesados. Se les imputa la presunta comisión de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores y dos de fraude de subvenciones.

Por el primer delito pide para cada uno de los acusados tres años y siete meses de cárcel y multas de 5.400 euros. Por otro lado, por cada delito de fraude de subvenciones o ayudas de las administraciones públicas solicita penas de tres años de prisión y multas de 300.000 euros. Además, pide una sanción de un día de privación de libertad por cada cien euros no satisfechos.

La acusación particular, por su lado, considera que el delito de contra los derechos de los trabajadores debe tener una pena de cuatro años de cárcel para cada uno de los tres directivos de las entidades. Por los segundos delitos solicita tres años y seis meses de prisión.

Igualmente, la acusación particular ha pedido por el delito contra los derechos de los trabajadores que se imponga a los procesados una multa de diez meses a razón de 30 euros al día. Esta cantidad suma 9.000 euros, y por cada uno de los delitos de fraude reclama una sanción del triple de la cantidad defraudada, que son miles de euros.

La Junta de Andalucía ya sancionó a la entidad con 46.000 euros, obligándola a devolver 300.000 euros. Además de este castigo, también fue sancionada cinco años sin recibir ayudas públicas, periodo que cumple en 2021. Ese régimen administrativo solo vincula a las solicitudes de la propia Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que emitió la sanción.