Más de 150 afectados interpondrán una demanda contra la constructora Grucal por deuda de más de cuatro millones

Se ha habilitado el correo electrónico ‘[email protected]’ para quienes quieran personarse en la demanda ante el Juzgado de lo Mercantil

Grucal

 

Más de 150 personas y entidades interpondrán una demanda colectiva en los juzgados a principios de septiembre contra la constructora cordobesa Grucal Infraestructuras. Demanda ante diversas cantidades pendientes de pago que suponen una deuda superior a los cuatro millones de euros, aunque la cifra no está cerrada aún.

Según ha informado a Europa Press el abogado José Cosín, que representa a acreedores, se ha habilitado el correo electrónico [email protected] para quienes quieran personarse en la demanda ante el Juzgado de lo Mercantil, donde también se solicitará que se inicie un concurso de acreedores forzoso.

Podría haber unos 300 afectados

En concreto, ha detallado que entre los acreedores hay trabajadores y entidades. La mayor parte de ellos de la zona de Montoro, en la provincia de Córdoba, aunque también tiene clientes de Sevilla y Madrid. Cosín calcula que habrá unos 300 afectados, puesto que recibe correos electrónicos de manera regular desde hace horas.

Al respecto, ha señalado que en el activo de Grucal Infraestructuras tiene constancia de las adjudicaciones de los concursos ganados en los últimos tiempos. Siendo “un dinero que se cobra conforme van realizando los trabajos”, pero “dicho dinero no está yendo a los acreedores”, ha advertido.

En relación con la petición de concurso, ha comentado que “es evidente que el pasivo –las deudas– superan ampliamente al activo de la sociedad y, además, se ha realizado una operación en fraude con la transmisión de la misma a una sociedad insolvente con un administrador insolvente”. Aunque será el juzgado el que determine si la venta se hace en fraude de acreedores o no, ha remarcado.

Además, el letrado ha aseverado que “hay personas que han iniciado acciones de tipo penal”, aunque en este caso cree que “primero hay que determinar si hay insolvencia punible”. Tras lo cual estudiarán las acciones penales respectivas.