La Junta camina hacia la privatización con los últimos recortes en sanidad

Adelante Andalucía e Izquierda Unida denuncian el recorte del 40 por ciento del personal de la sanidad pública en Córdoba para los fines de semana

Los centros sanitarios cordobeses verán reducidas sus plantillas de fin de semana en un 40 por ciento. Así lo destacó el pasado jueves CCOO, y así han vuelto a denunciarlo este lunes la parlamentaria andaluza de Adelante Andalucía y el Coordinador provincial de Izquierda Unida, Ana Naranjo y Pedro García. Ambos avisan: este recorte se va a seguir reproduciendo como parte de la tendencia del Ejecutivo de Juanma Moreno por la privatización del servicio.

Llueve sobre mojado. Si la semana pasa, la delegación territorial de educación presenciaba una protesta por la reducción de unidades didácticas en un colegio de Nueva Carteya, ahora es la sanidad la que sufre los recortes. En este caso, el del 40 por ciento del personal sanitario de los centros de atención pública cordobeses para los fines de semana.

Una reducción de plantilla que supondría pasar de 37 profesionales sanitarios a 22 para los sábados; y de 10 a 6 para los domingos. Un recorte que “repercute de manera directa en la atención que recibimos los usuarios de la sanidad pública”,  apunta Naranjo. Además, afecta a los fines de semana, en los que, sin embargo “no hay menos demanda, la gente no se pone más sana cuando llega el sábado”.

Recorte Sanidad
Ana Naranjo atiende a los medios frente al centro de salud de la Fuensanta

Un paso más hacia la privatización

Por ello, para la parlamentaria, los recortes obedecen a una razón económica. “Son unos recortes encubiertos en la sanidad pública porque se avanza hacia la privatización”. Concretamente, ha explicado Naranjo, la intención de la Junta sería la de “potenciar los seguros privados sanitarios y facilitar que los médicos de la atención sanitaria puedan compatibilizar mejor la actividad pública y privada”.

Es por ello que, “pedimos al consejero Jesús Aguirre, que además es cordobés, que no maltrate a su provincia, y que blinde por ley la financiación para los servicios públicos, la sanidad en este caso, pero también la educación o la Ley de Dependencia”.